“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”          

CONTRALORÍA: MÁS DE S/ 6,5 MILLONES DE PERJUICIO ECONÓMICO EN LAMBAYEQUE

En balance del año 2020, mayor número de servicios e informes de control se concentra en el Gobierno Regional.

Lambayeque.- En el 2020, la Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 6, 679, 952.66 en Lambayeque como resultado de 42 servicios de control posterior (39 servicios de control específico y 3 Auditorías de Cumplimiento), realizados por auditores de la Gerencia Regional de Control y de los Órganos de Control Institucional en la región. Asimismo, se identificaron 375 presuntas responsabilidades penales, civiles y/o administrativas, en las que están comprendidos 216 funcionarios y servidores. Cabe precisar que un funcionario o servidor podría estar incurso por un mismo hecho irregular en más de una responsabilidad. La institución más auditada y donde se concentra la mayor cantidad de informes de control es el Gobierno Regional de Lambayeque (y sus unidades ejecutoras, incluyendo el Proyecto Especial Olmos-Tinajones PEOT), donde se identificaron 105 presuntas responsabilidades en las que se encuentran involucrados 49 funcionarios y servidores públicos.

En total la Contraloría ha concluido 769 servicios de control en Lambayeque en el 2020, entre servicios de control posterior, simultáneo y previo. De dicha cifra 338 corresponden a informes de control realizados en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Dicha información está a disposición de la ciudadanía en la plataforma virtual “Velocímetro de los servicios de control” (http://velocimetrodecontrol.contraloria.gob.pe/) que permite la consulta y observación en línea de la producción del control gubernamental a nivel regional y nacional, facilitando la búsqueda y disposición estadística de los servicios de control que programa, procesa y concluye el Sistema Nacional de Control. Además, permite organizar y obtener resultados de acuerdo al interés de los usuarios Informes relevantes de 2020 Entre los informes relevantes figura la construcción de la Vía Canal en el distrito de José Leonardo Ortiz, donde la Contraloría detectó un perjuicio de S/ 2 741 786,52, debido a que el Gobierno Regional Lambayeque, dio conformidad a valorizaciones y a la culminación de obra sin observar metrados no ejecutados y obra no ejecutada conforme a los planos.

En este caso (comprendido entre febrero de 2009 y febrero de 2019) se determinó la presunta responsabilidad civil y/o administrativa de 16 funcionarios de la entidad. Asimismo, el informe referido al otorgamiento de beneficios extraordinarios a personal asistencial y CAS del Hospital Regional de Lambayeque, mediante la adquisición de vales y/o tarjetas electrónicas en prendas de vestir, cuando lo que correspondía era adquirir uniforme institucional de acuerdo al requerimiento inicial y especificaciones técnicas. En los hechos ocurridos en el año 2017, se detectó un perjuicio de S/ 472 584,84 y la presunta responsabilidad civil y/o administrativa de 5 servidores públicos. También figura el caso de la Municipalidad Distrital de Pítipo, en la provincia de Ferreñafe, donde la Contraloría detectó un perjuicio de S/ 1 315 497,34 millones, debido a que se emitieron 111 cheques que fueron cobrados, sin sustento, por el jefe de Tesorería, el jefe de Abastecimientos y el asistente de Tesorería. Por este hecho, cinco servidores públicos están comprendidos en presunta responsabilidad penal y administrativa.

Finalmente, la Contraloría detectó un perjuicio económico de S/ 610 342,07 en el Servicio de descolmatación del cauce del Río Olmos (Tramo 1), a cargo del Programa Subsectorial de Irrigaciones. La obra no se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el contrato, sin embargo, la entidad pagó por trabajos no ejecutados y trabajos no acorde a los planos de la ficha técnica definitiva En los hechos se determinó la presunta responsabilidad penal y/o administrativa de 18 funcionarios y servidores. Programación 2021 Para el 2021, en Lambayeque se ha previsto realizar un total de 237 servicios de control: 84 servicios de control posterior y 153 servicios de control simultáneo, de acuerdo al Plan Nacional de Control previsto para el presente año. Agenda nacional 2021 En este año, la Contraloría General también concentrará sus esfuerzos de supervisión en dos temas fundamentales para el país: El proceso de vacunación contra la COVID-19 y el proceso de las Elecciones Generales, para lo cual se han implementado las estrategias de control gubernamental respectivas, informó el contralor Nelson Shack. En tal sentido, Shack Yalta señaló que se realizará un Mega Operativo de Control a la vacuna contra el coronavirus a nivel nacional que incluirá servicios de control simultáneo y posterior, a todas las etapas de este importante proceso de inmunización.

Dicha intervención alcanzará las etapas de adquisición, almacenamiento, conservación, proceso de cadena de frío, recepción, distribución, transporte, aplicación de la vacuna, gestión de los residuos sólidos de los establecimientos de salud, entre otros. De otro lado, la Contraloría desplegará una estrategia de control gubernamental para contribuir a que el Sistema Electoral cuente con los bienes y servicios necesarios a fin de conducir de manera oportuna, adecuada y transparente las Elecciones Generales 2021. También se impulsará el proceso de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión de las autoridades salientes respecto al uso de los fondos o bienes del Estado, así como los resultados de su gestión, lo que contribuirá a la transparencia de la gestión pública y al control social. Asimismo, para contribuir a que la ciudadanía emita en los próximos comicios un voto informado y responsable, la Contraloría iniciará la campaña “Tú tienes el control” para lo cual pondrá a disposición una plataforma virtual en la que el ciudadano podrá acceder a las referencias de los candidatos que se hayan desempeñado como autoridades o funcionarios públicos. En dicha plataforma, los ciudadanos también podrán alertar situaciones de incumplimiento o hechos irregulares sobre uso de recursos públicos para fines electorales y proselitismo político durante el período electoral.

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Reynaldo Nuñez

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